El Gobierno inició este martes la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de “Regiones más Fuertes”, iniciativa anunciada a fines de abril y que busca avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional, siendo uno de los pasos más relevantes en esta materia en las últimas tres décadas. En la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados se dio cuenta del ingreso del proyecto con suma urgencia y fue derivado para su análisis a la Comisión de Hacienda.
Con esta iniciativa se busca disminuir las brechas internacionales asociadas a ingresos, gasto e inversión frente a países desarrollados; avanzar sustantivamente en modernización del Estado; y combinar mayores grados de autonomía fiscal con más y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control y probidad en el uso de recursos públicos.
En un punto de prensa en el Congreso junto a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), el ministro de Hacienda, Mario Marcel sostuvo que “esta es una iniciativa que involucra más recursos, con más flexibilidad y con mayor responsabilidad en materia de administración de parte de las propias autoridades regionales. Este es un proyecto que constituye el salto más importante que vamos a tener en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia”, mencionó Marcel.
En tanto el Seremi de Gobierno de la región del Biobío Eduardo Vivanco, coincidió en la relevancia de este proyecto de ley: “Es una oportunidad para las regiones del país de seguir avanzando en materia de descentralización. Además, es una iniciativa que se ha trabajado con todos los gobernadores regionales del país, por lo que esperamos que el proyecto tenga buena acogida en el congreso. Será allí, donde, tal como dijo el ministro Marcel, esperamos que reciba la prioridad que merece para transferir poder y responsabilidad a los gobiernos regionales”, indicó Vivanco.
La iniciativa “Regiones Más Fuertes” se estructura sobre los siguientes ejes:
-Modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones.
-Mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria.
-Se fortalecen las herramientas de responsabilidad, disciplina fiscal, la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional.
– Se creará una regla fiscal regional cuya especificación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, y se exigirá a los gobiernos regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.
Otro aspecto relevante es que se abre la posibilidad a los gobiernos regionales de solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para poder financiar iniciativas de inversión relevantes para el desarrollo regional mediante operaciones de crédito público, una herramienta vigente en la actualidad para servicios y empresas públicas, por ejemplo.
En resumen, el proyecto mejorará la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que también los recursos que lleguen de otras iniciativas, como el Royalty a la Gran Minería (que destina US$ 450 millones para distribuir entre regiones y comunas del país), se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales.
