La institución verde oliva, en todo caso, ya tenía elegida como proveedora de cuatro mil sistemas móviles de consulta, durante 6 años, a la multinacional Idemia. Sin embargo, aseguran, la demora de la Contraloría en ejecutar el trámite de toma de razón, los habría obligado a desarrollar una aplicación propia que podrán usar los uniformados a nivel nacional en su celular.
El director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general inspector Enrique Bassaletti, confirmó la versión e indicó que el temor es que el organismo fiscalizador echara abajo el concurso y que contara con información que ellos desconocían, por ejemplo, sobre eventuales delitos. La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Con autorización del Ministerio del Interior, Carabineros revocó una licitación de $24 mil millones para el arriendo de cuatro mil sistemas móviles de consulta (conocido como “Simccar”) durante 6 años, que permitiría a los uniformados realizar fiscalizaciones en terreno accediendo con mayor rapidez a las bases de datos institucionales. Lo anterior, a más de un año y medio de convocado el concurso y teniendo elegida como proveedora a la multinacional Idemia.
La decisión quedó plasmada en la resolución 399 del 16 de junio pasado, donde se explica que las necesidades cambiaron y que será la institución la que desarrollará una aplicación (app) -inicialmente en tres meses- que los efectivos podrán operar desde su teléfono celular.
La información fue confirmada a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, por el director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general inspector Enrique Bassaletti, de quien dependen las unidades de Logística como también la de Compras Públicas.
De acuerdo a la versión entregada por el uniformado, en diciembre pasado se envió la decisión para el control de legalidad a la Contraloría, que de ser confirmada daría como ganador a Idemia.
Sin embargo, a raíz de que varios parlamentarios denunciaron supuestas irregularidades en la adjudicación, la entidad revisora solicitó a la policía que explicara cómo se había desarrollado la licitación.
Como una de las contestaciones demoró en llegar, la CGR resolvió abstenerse del trámite y el 24 de marzo del corriente devolvió el documento a la policía uniformada. Todo volvía a fojas cero.
La institución uniformada envió al organismo fiscalizador al menos tres oficios defendiendo el trabajo desarrollado, la transparencia con que se realizó y la irrestricta sujeción a las bases de licitación y el 16 de abril reingresó el trámite, esperando su aprobación para implementar el Simccar.
